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Saeta intimó a las empresas de colectivos y las obliga a garantizar el servicio pese a los pagos retrasados

El organismo reconoció que gestiona una asistencia financiera extraordinaria ante el Gobierno provincial para afrontar el déficit operativo, pero advirtió a las concesionarias que deben mantener la prestación y que cualquier incumplimiento podrá ser evaluado según los contratos vigentes.

SAETA realizó un formal requerimiento a las empresas operadoras del transporte público de pasajeros para que garanticen la continuidad y regularidad del servicio, y las obliga a cumplir pese a los pagos retrasados, luego de que las concesionarias advirtieran que, si se mantienen las actuales circunstancias, podrían verse imposibilitadas de sostener las prestaciones a su cargo.

La comunicación lleva fecha del 3 de septiembre y está dirigida a los representantes de las empresas Transporte Automotor del Valle, El Cóndor, Transporte San Ignacio, Transal, Ale Hermanos, Eduardo Ale, Alto Molino y Ahynarca, entre otras.

En la nota, firmada por el presidente de la empresa estatal, Claudio Mohr, el organismo hace referencia a una presentación recibida el 1 de septiembre, en la que las empresas manifestaron las dificultades que atraviesan para garantizar la continuidad de los servicios.

 Frente a este escenario, SAETA confirmó que gestiona ante el Gobierno de la Provincia una asistencia financiera extraordinaria. El objetivo, según expresa el documento, es atender el déficit operativo del sistema y conseguir los recursos necesarios para garantizar la continuidad y regularidad del transporte público de pasajeros.

"SAETA S.A. se encuentra realizando las gestiones pertinentes ante el Gobierno de la Provincia de Salta a fin de obtener una asistencia financiera extraordinaria destinada a atender el déficit operativo del sistema", señala la comunicación.

El organismo también indicó que viene realizando pagos a las empresas operadoras "conforme a los recursos efectivamente disponibles" y que, paralelamente, lleva adelante distintas medidas para afrontar la situación y preservar el funcionamiento normal del sistema.

 

Fuerte advertencia a las empresas

Más allá de reconocer las dificultades financieras, SAETA dejó en claro que las obligaciones contractuales de las empresas continúan vigentes y son exigibles mientras se mantengan los contratos.

Por ese motivo, requirió a cada una de las operadoras que adopte las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios y evitar "cualquier suspensión, reducción o alteración unilateral" que pueda afectar a los usuarios.

 La advertencia adquiere especial relevancia en el contexto planteado por las empresas, que habían comunicado que podrían no estar en condiciones de garantizar la continuidad del servicio si persistían las actuales circunstancias.

SAETA sostuvo que el transporte público tiene una "especial trascendencia para la comunidad" y que debe prestarse bajo condiciones de continuidad, regularidad y normalidad.

 

SAETA se reserva acciones contractuales

La nota también contiene una advertencia de carácter contractual. El organismo señaló que cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas será evaluado de acuerdo con los contratos y el marco jurídico vigente.

En ese sentido, SAETA dejó expresamente establecido que está facultada para ejercer los derechos y acciones previstos en los contratos, incluyendo las disposiciones del Capítulo VI, referido a la "Extinción de la Prestación", siempre respetando los procedimientos correspondientes.

A su vez, aclaró que las gestiones financieras que actualmente realiza y los pagos efectuados de acuerdo con la disponibilidad de recursos no implican una dispensa, modificación, renuncia o suspensión de las obligaciones contractuales de las empresas.

De esta manera, el documento plantea un doble escenario: por un lado, SAETA reconoce la existencia de dificultades financieras y la necesidad de una asistencia extraordinaria del Gobierno provincial; por otro, exige a las empresas operadoras que mantengan la prestación del servicio y advierte que eventuales incumplimientos podrán generar consecuencias contractuales.

 El Tribuno

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