En Salta, la Corte de Justicia ya modificó competencias, los organismos provinciales comenzaron a coordinar procedimientos y los Jueces en lo Penal Juvenil asumirán un papel central en el seguimiento de las medidas y sanciones.

Desde el 5 de septiembre de 2026 rige el nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Qué ocurre ahora cuando un adolescente de 14 o 15 años es acusado de cometer un delito?

La entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.801 produjo uno de los cambios más importantes de las últimas décadas en materia penal juvenil: desde ahora el régimen alcanza a los adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18, tomando como referencia la edad que tenían al momento del hecho investigado.

El cambio tiene consecuencias directas en Salta.

Hasta ahora, los adolescentes de 14 y 15 años se encontraban por debajo de la edad mínima prevista por el anterior régimen penal. Con la nueva legislación, una persona que haya cumplido 14 años puede ser formalmente investigada, imputada, sometida a proceso y eventualmente condenada cuando se le atribuya un hecho tipificado como delito.

Pero el sistema que comienza a funcionar no es idéntico al de los adultos.

Salta ya modificó su estructura judicial

La Corte de Justicia de Salta tomó una decisión específica antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación.

Dispuso que desde el 5 de septiembre de 2026, en el Distrito Judicial del Centro, la función de ejecución de los procesos sometidos a la Ley 27.801 sea ejercida por los Jueces en lo Penal Juvenil.

Esto es importante porque la ejecución comprende el control judicial del cumplimiento de las medidas y sanciones que eventualmente sean impuestas a los adolescentes.

La propia Corte señaló la necesidad de evitar que esa etapa quedara en manos de magistrados no especializados y consideró necesario garantizar un seguimiento individualizado de cada joven y la continuidad del abordaje interdisciplinario.

La decisión alcanza a las causas en las que todavía no hubieran comenzado a intervenir los Jueces de Ejecución y Detenidos.

Es decir: en Salta no solamente cambió la edad de responsabilidad penal; también comenzó a modificarse quién controla judicialmente el cumplimiento de las medidas aplicadas a los adolescentes.

¿Qué pasa ahora si un adolescente de 14 o 15 años comete un delito en Salta?

Con el nuevo régimen, la situación cambia sustancialmente.

Si al momento de cometer el hecho el adolescente ya había cumplido 14 años, podrá quedar sometido al nuevo procedimiento penal juvenil.

Tendrá derecho a defensa desde el inicio del proceso, deberá ser informado de la acusación en términos que pueda comprender y se mantienen las garantías del debido proceso. Además, las medidas que restrinjan derechos deben ser necesarias, proporcionales y adecuadas a su condición de adolescente.

El proceso, además, debe desarrollarse con especial celeridad.

Esto significa que 14 años no equivale automáticamente a cárcel, pero sí significa que desde esa edad existe responsabilidad dentro del nuevo régimen penal juvenil.

No todo delito termina con el adolescente detenido

La Ley 27.801 establece una amplia variedad de sanciones.

Entre ellas aparecen:

• amonestación judicial;

• prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima;

• prohibición de concurrir a determinados lugares o espectáculos;

• prohibición de conducir vehículos;

• restricciones para salir del país o de determinado territorio;

• prestación de servicios comunitarios;

• monitoreo electrónico;

• reparación integral del daño;

• y, para los casos correspondientes, privación de libertad.

Por lo tanto, la privación de libertad no es la única respuesta posible.

La propia ley establece que las sanciones deben orientarse hacia la educación, resocialización, integración social y laboral del adolescente y a disminuir el riesgo de reincidencia.

¿Puede ir preso un adolescente?

Sí.

La nueva legislación contempla expresamente la privación de libertad y establece tres modalidades: en domicilio, en instituto abierto o en un instituto especializado de detención.

Sin embargo, existen límites específicos.

No puede aplicarse prisión ni reclusión perpetua a un adolescente.

El máximo de privación de libertad establecido por la Ley 27.801 es de 15 años, incluso cuando la concurrencia de varios delitos pudiera producir una escala penal superior.

Además, un adolescente privado de libertad no puede ser alojado junto con adultos y debe permanecer en dependencias especialmente acondicionadas y con personal preparado para trabajar con menores de edad.

Salta prepara un circuito desde la primera intervención

El cambio no alcanza solamente a los jueces.

El 27 de agosto, representantes de la Corte de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo de Salta realizaron una mesa de trabajo específicamente destinada a coordinar la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Participaron, entre otros, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; el asesor General del Ministerio Público Pupilar, Gaspar Solá Usandivaras; el juez de Corte Pablo López Viñals y el secretario de Justicia provincial, Javier Mónico.

Durante ese encuentro se analizaron los recursos y servicios disponibles y se presentó una herramienta tecnológica en desarrollo destinada a sistematizar el circuito de intervención desde la demora de una persona menor de edad y las actuaciones posteriores.

Esto muestra que la aplicación concreta requiere coordinación entre Policía, Justicia, Ministerio Público, organismos de protección de la niñez y otras áreas provinciales.

También comenzó el trabajo preventivo

La implementación llegó incluso a las escuelas.

El Ministerio Público Pupilar informó que en Embarcación más de 600 estudiantes y padres participaron de actividades destinadas a explicar derechos, responsabilidades, autonomía progresiva y los cambios derivados de la Ley 27.801.

Los talleres se realizaron precisamente ante la entrada en vigencia del nuevo régimen y abordaron las consecuencias jurídicas que desde ahora pueden alcanzar a adolescentes entre 14 y 17 años.

La identidad del menor continúa protegida

Hay otro punto particularmente importante para medios de comunicación, páginas informativas y redes sociales.

Que un adolescente desde los 14 años pueda ser sometido a un proceso penal no significa que pueda exponerse públicamente su identidad.

La Ley 27.801 establece que el proceso tiene carácter reservado y prohíbe publicar el nombre, sobrenombre, filiación, parentesco, residencia, fotografías o cualquier otro dato que permita identificar al adolescente imputado.

Por eso, frente a un hecho policial protagonizado presuntamente por un menor, los medios deberán continuar extremando las precauciones con fotografías, videos, domicilios, referencias familiares o cualquier otro elemento que pueda conducir a su identificación.

¿Y los menores de 14 años?

La disminución de la edad tiene un límite preciso: la responsabilidad penal comienza a los 14 años.

Por lo tanto, un niño que no haya alcanzado esa edad continúa fuera del régimen sancionatorio penal.

Eso no significa que ante un delito simplemente se cierre todo procedimiento. La propia Ley 27.801 dispone que cuando corresponda declarar la inimputabilidad, la investigación puede continuar para establecer la existencia y circunstancias del hecho y determinar si participaron otras personas. También pueden intervenir los organismos de protección correspondientes.

Un cambio que ya no es solamente una discusión política

Durante años, bajar o no la edad de imputabilidad fue materia de debate nacional.

Desde el 5 de septiembre de 2026, la discusión entró en una nueva etapa: la Ley 27.801 ya está vigente y Salta comenzó a aplicarla.

Para la provincia significa que adolescentes de 14 y 15 años que anteriormente estaban por debajo de la edad mínima penal ahora pueden ingresar formalmente al sistema de responsabilidad penal juvenil.

Pero también implica que jueces, fiscales, defensores, policías, organismos de protección, instituciones de alojamiento, profesionales de la salud y equipos interdisciplinarios deberán trabajar bajo reglas especiales destinadas a personas menores de 18 años.

La modificación, entonces, va mucho más allá de una frase como “bajó la imputabilidad a los 14”.

En Salta supone un nuevo circuito policial y judicial, intervención de magistrados especializados, nuevas formas de sanción, seguimiento interdisciplinario, protección especial de la identidad y una responsabilidad penal que desde ahora comienza dos años antes que bajo el régimen anterior.

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