La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el recurso presentado por el Estado argentino y confirmó la sentencia que reconoce el laudo internacional a favor de Titan Consortium. El monto fue establecido en US$390.907.115,55, más los intereses acumulados desde diciembre de 2024.

La Argentina sufrió un nuevo revés en los tribunales de Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó este martes 21 de julio la sentencia que obliga al país a pagar más de US$390 millones al fondo Titan Consortium, actual titular de los derechos económicos del reclamo.

El fallo fue dictado por los jueces Patricia Millett, Robert Wilkins y Bradley Garcia en la causa “Titan Consortium 1, LLC contra República Argentina”. La resolución mantuvo vigente la decisión adoptada en diciembre de 2024 por el Tribunal Federal de Distrito de Columbia, que había fijado la deuda en US$390.907.115,55, además de los intereses posteriores a la sentencia.

La discusión fue por el plazo de prescripción

La Cámara estadounidense no volvió a analizar el fondo de la expropiación ni revisó la responsabilidad internacional atribuida a la Argentina. El único punto sometido a consideración fue si Titan Consortium había iniciado a tiempo el procedimiento para ejecutar el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones —CIADI—.

La defensa argentina sostuvo que debía aplicarse un plazo de prescripción de tres años, previsto en la legislación arbitral federal estadounidense o, subsidiariamente, en una norma general del Distrito de Columbia. Según ese planteo, el reclamo presentado por Titan en agosto de 2021 habría sido extemporáneo.

Sin embargo, los magistrados rechazaron esa interpretación y determinaron que corresponde aplicar el plazo de doce años establecido para la ejecución de sentencias que ordenan el pago de dinero. Como Titan acudió a la Justicia poco más de cuatro años después del laudo original, su presentación fue considerada válida y realizada dentro del plazo legal.

Esta precisión resulta importante: la resolución del 21 de julio no constituye una nueva condena por la expropiación, sino la confirmación judicial de que el acreedor conserva el derecho de exigir en Estados Unidos el cumplimiento del laudo internacional.

Un conflicto originado en 2008

El litigio se remonta a la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral realizada en 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Las sociedades españolas Teinver, Transportes de Cercanías y Autobuses Urbanos del Sur, vinculadas al Grupo Marsans, denunciaron que la Argentina había expropiado irregularmente sus inversiones y vulnerado el tratado bilateral de protección de inversiones firmado con España.

El 21 de julio de 2017, un tribunal del CIADI condenó a la Argentina a pagar US$320.760.000, además de intereses, honorarios y gastos judiciales. El Estado solicitó la anulación del laudo, pero el planteo fue rechazado en mayo de 2019. El comité de anulación también agregó poco más de US$1 millón por los costos generados durante aquel procedimiento.

Posteriormente, las empresas demandantes transfirieron los derechos económicos derivados del laudo. Esos derechos pasaron por Burford Capital y finalmente quedaron en manos de Titan Consortium, que en agosto de 2021 inició el procedimiento judicial para cobrar la indemnización en Estados Unidos.

La deuda sigue acumulando intereses

Cuando la jueza federal Jia Cobb reconoció el laudo, el 10 de diciembre de 2024, determinó que la obligación argentina ascendía exactamente a US$390.907.115,55. La sentencia dispuso además que continúen calculándose intereses hasta que se produzca el pago, por lo que la deuda actual ya supera aquella cifra.

Titan Consortium ya había avanzado con presentaciones destinadas a localizar y ejecutar activos soberanos argentinos en jurisdicción estadounidense. La confirmación de la Cámara fortalece esa estrategia, aunque no supone el embargo automático de cualquier bien estatal: el acreedor deberá identificar activos concretos y obtener las correspondientes autorizaciones judiciales para ejecutarlos.

El Gobierno analiza nuevas alternativas

La Procuración del Tesoro de la Nación informó que se encuentra evaluando las herramientas legales disponibles para intentar revertir o reducir el impacto de la sentencia. Entre las alternativas procesales todavía posibles se encuentran un pedido de reconsideración ante la propia Cámara —incluida una revisión por el tribunal en pleno— y, posteriormente, una presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La aceptación de esas instancias no está garantizada.

Desde el organismo encargado de representar al Estado señalaron que el expediente forma parte de una “herencia que arrastramos por décadas”, originada en decisiones estatales anteriores y en una acumulación de litigios internacionales que actualmente debe afrontar el país.

El fallo representa un serio compromiso financiero para la Argentina, pero su origen no se encuentra en una medida adoptada por la actual administración. La obligación deriva del modo en que se instrumentó la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008 y de la condena arbitral dictada nueve años después. Ahora, el Gobierno nacional deberá definir si continúa la batalla judicial, negocia condiciones de pago o enfrenta nuevas medidas de ejecución promovidas por Titan Consortium.

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