La investigación judicial sobre la Unidad Educativa N.º 7160 llegó a Campo Quijano: se solicitaron informes al Municipio y al Ministerio de Educación sobre la eventual vinculación laboral de Gustavo Javier Torres Álvarez, actual secretario de Acción y Desarrollo Social.

La investigación abierta en torno a la Unidad Educativa N.º 7160 de Salta comienza a generar nuevos pedidos de documentación para determinar cómo fueron instrumentados determinados cargos, dónde se prestaron efectivamente los servicios y cuál fue el destino de los recursos públicos involucrados.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo interinamente de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, investiga una denuncia por la posible comisión de delitos en perjuicio de la administración pública vinculados con esa unidad educativa. La causa se originó en una denuncia presentada el 12 de agosto y posteriormente remitida desde la Fiscalía Penal de Cerrillos.

Entre las primeras medidas, la Fiscalía requirió al Ministerio de Educación información destinada a establecer si la Unidad Educativa 7160 existe actualmente, cómo fue creada, cuál es su estructura y cómo fueron asignados los recursos públicos relacionados con ella. El Ministerio Público informó también que se solicitó el instrumento administrativo de creación y documentación sobre su funcionamiento.

Más de 300 cargos bajo análisis

La denuncia que dio trascendencia pública al caso cuestiona una nómina de más de 300 cargos o personas vinculadas administrativamente con la Unidad 7160. Esa cifra surge de la presentación de la denunciante y de documentación difundida públicamente; no constituye, hasta el momento, una determinación judicial de irregularidad.

Entre los interrogantes planteados aparecen los procedimientos mediante los cuales se realizaron determinadas designaciones, los lugares donde las personas habrían prestado servicios efectivamente, posibles superposiciones y el tratamiento presupuestario de esos cargos.

La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, rechazó públicamente que se trate de una “escuela fantasma” o que las personas registradas sean empleados que no trabajan. Según explicó, la Unidad 7160 fue utilizada durante distintos períodos como estructura administrativa para reubicar personal que cumplía funciones en otras escuelas, dependencias o programas. También sostuvo que la cartera educativa entregará a la Justicia los listados, designaciones y planillas de asistencia correspondientes.

Por lo tanto, actualmente existen dos planos claramente diferenciados: una denuncia que cuestiona el mecanismo de las designaciones y una explicación oficial del Ministerio que sostiene que los cargos corresponden a personal que efectivamente presta servicios. Será la investigación judicial y la documentación administrativa la que permita determinar qué ocurrió en cada caso.

El caso llega a Campo Quijano

En ese contexto aparece el nombre de Gustavo Javier Torres Álvarez, actual secretario de Acción y Desarrollo Social de la Municipalidad de Campo Quijano.

Su condición de funcionario municipal está acreditada por información institucional publicada por la propia Municipalidad. Torres Álvarez fue incorporado al gabinete del intendente Lino Yonar en diciembre de 2024, cuando asumió la Secretaría de Acción y Desarrollo Social.

Ante documentación vinculada con el caso de la Unidad Educativa 7160 en la que aparece su nombre, fueron solicitados informes destinados a conocer con precisión cuál habría sido su situación dentro del sistema educativo provincial.

El requerimiento apunta a obtener respuestas documentadas sobre cuestiones concretas:

qué cargo habría tenido asignado; mediante qué resolución, decreto o instrumento administrativo habría sido designado; desde qué fecha; cuál era su carga horaria; dónde debía prestar funciones; dónde las prestó efectivamente; qué remuneraciones o adicionales percibió; y cuál fue su situación administrativa al asumir funciones en la Municipalidad de Campo Quijano.

También se solicitó determinar si existió licencia, afectación, traslado, adscripción, incompatibilidad o alguna otra figura administrativa que permita establecer claramente la relación entre una eventual función provincial y su actual desempeño municipal.

Pedido al intendente Lino Yonar

El pedido de información dirigido al intendente Lino Fernando Yonar por parte de la concejal Lorena Torres, busca conocer la documentación correspondiente a la designación de Torres Álvarez dentro del gabinete municipal y establecer bajo qué condiciones administrativas desempeña actualmente su cargo.

La finalidad es poder reconstruir una eventual coexistencia entre cargos públicos y determinar, sobre documentación oficial, si existió o no alguna incompatibilidad.

La sola aparición del nombre de un funcionario en documentación vinculada con una causa no demuestra la comisión de un delito ni una irregularidad administrativa.

Precisamente por eso resulta necesario acceder a decretos, resoluciones, recibos, licencias, certificaciones de servicio y demás antecedentes que permitan establecer objetivamente la situación.

También se requirió información al Ministerio de Educación

Paralelamente, se pidió al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta que informe si Gustavo Javier Torres Álvarez registra o registró cargos dentro de esa cartera y, en su caso, detalle las características de esas designaciones.

El punto central será establecer qué función tenía asignada, dónde debía cumplirla y dónde efectivamente se prestó el servicio.

La cuestión adquiere especial importancia porque la Fiscalía ya se encuentra reconstruyendo precisamente el funcionamiento de la Unidad Educativa N.º 7160 y el destino de los cargos y recursos presupuestarios asociados.

Ni condena anticipada ni silencio

La investigación judicial se encuentra en curso y hasta el momento las fuentes oficiales consultadas no informaron imputación ni responsabilidad penal atribuida a Gustavo Javier Torres Álvarez por este caso.

Por esa razón, cualquier afirmación que lo presente como responsable de una maniobra sería prematura.

Pero tampoco corresponde confundir la presunción de inocencia con la ausencia de controles.

Cuando existen cargos públicos, salarios provenientes del Estado y posibles superposiciones entre organismos, la administración debe poder exhibir claramente las resoluciones, funciones, horarios, licencias y contraprestaciones correspondientes.

La transparencia no implica prejuzgar.

Implica documentar.

La Justicia deberá determinar qué ocurrió con la Unidad 7160

La Fiscalía busca establecer actualmente cómo funcionó la Unidad Educativa N.º 7160, cuál era su estructura real y qué destino tuvieron los recursos asignados.

Por su parte, Educación sostiene que muchos de los agentes que aparecen administrativamente vinculados con esa unidad trabajan efectivamente en otros establecimientos y que el sistema se utilizó durante años para reubicar cargos.

Ese contraste deberá resolverse mediante documentación oficial.

En el caso particular de Campo Quijano, ahora se espera que tanto la Municipalidad como el Ministerio de Educación respondan los pedidos de informes y aporten los instrumentos administrativos correspondientes.

No se trata de condenar anticipadamente a nadie.

Se trata de contestar preguntas elementales cuando están involucrados recursos públicos:

¿Qué cargo tenía? ¿Quién lo designó? ¿Mediante qué instrumento? ¿Dónde trabajó? ¿Qué función cumplió? ¿Qué percibió del Estado? ¿Y cuál era su situación administrativa mientras ejercía funciones municipales?

Las respuestas deben estar en los expedientes.

Y esos expedientes deben ser públicos y verificables.

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