El Ministerio de Justicia de la Nación extendió la medida de excepción hasta el año 2028 debido al persistente déficit habitacional en las unidades de detención y al incremento de la población carcelaria.

A través de una resolución oficial publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional decidió prorrogar por un período de dos años adicionales la emergencia penitenciaria en todo el país. La medida, que originalmente fue implementada para abordar las deficiencias estructurales del Servicio Penitenciario Federal (SPF), se mantendrá vigente hasta mediados de 2028 con el objetivo de gestionar de manera extraordinaria la crisis de sobrepoblación que afecta a las alcaidías y penales bajo jurisdicción nacional.

Según los fundamentos de la norma, la decisión responde a una necesidad imperiosa de adecuar las infraestructuras existentes al flujo actual de ingresos de personas privadas de su libertad. Los informes técnicos que acompañan la medida destacan que el sistema carcelario federal registra niveles de ocupación que superan los límites recomendados, lo que dificulta no solo la convivencia interna, sino también las tareas de reinserción social y la seguridad del personal penitenciario.

La prórroga faculta al Ministerio de Justicia para realizar contrataciones directas y procedimientos de urgencia destinados a la mejora de la infraestructura. Se priorizará la finalización de obras en centros de detención que se encuentran en etapas avanzadas de construcción y la refuncionalización de espacios que permitan ampliar las plazas disponibles en el corto plazo, especialmente en el área metropolitana y en las zonas de frontera.

Desde la cartera de Justicia señalaron que la emergencia no es solo una cuestión de ladrillos y cemento, sino que también abarca la necesidad de modernizar los sistemas de monitoreo y la gestión de la salud dentro de los penales.

Fuente: Ámbito Financiero

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