El Gobierno nacional volvió a poner en el centro del debate el sistema de discapacidad al enviar al Congreso un proyecto que endurece las condiciones para acceder y mantener pensiones, reinstala controles más estrictos y abre una fuerte controversia por el eventual recorte de derechos.

La iniciativa ingresó en el Senado bajo el nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” y apunta a modificar aspectos centrales del esquema que hoy rige tras la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El dato político y social más sensible es que la propuesta oficial no llega en el vacío. Hoy siguen vigentes la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, y la Ley 24.901, que sostiene el sistema de prestaciones básicas y la cobertura integral para personas con discapacidad. Además, en marzo de este año el propio Gobierno había informado que el proceso de conversión de pensiones se realizaría por etapas, sin afectar el cobro y sin exigir trámites presenciales para los beneficiarios alcanzados.

Sin embargo, el nuevo proyecto va más allá de una simple reorganización administrativa. Según el texto difundido en medios nacionales, establece un reempadronamiento obligatorio para los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán volver a acreditar su condición médica, su situación socioeconómica y sus antecedentes laborales. También fija que el incumplimiento de esos plazos y requisitos podría derivar en la suspensión automática y posterior pérdida del beneficio. Otra versión periodística señala que el plazo previsto sería de 90 días, con posibilidad de prórroga.

Otro de los puntos que más polémica genera es el laboral. La iniciativa, de aprobarse, establecería la incompatibilidad total con el empleo formal, lo que eliminaría la posibilidad de conservar la pensión mientras la persona accede a un trabajo registrado. A eso se suma que el proyecto mantendría la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero quitaría adicionales por zona desfavorable o por condiciones específicas de invalidez.

En ese marco, el debate ya no es solamente técnico ni presupuestario. Lo que está en discusión es si el Estado busca depurar irregularidades sin afectar derechos, o si detrás del discurso contra el fraude se esconde un nuevo endurecimiento del acceso a la protección social. Organizaciones y sectores de la oposición ya advierten que un esquema con reempadronamiento masivo, suspensiones automáticas e incompatibilidad absoluta con el empleo formal podría dejar afuera del sistema a personas en situación de vulnerabilidad y desalentar la inclusión laboral, en abierta tensión con el espíritu de la normativa vigente sobre discapacidad.

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