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Saeta en crisis: Menos colectivos, deudas ,illonariasy temos por el futuro laboral de los choferes.

La reducción de frecuencias, los atrasos en los pagos a las empresas operadoras y los reclamos salariales encendieron las alarmas en el transporte metropolitano de Salta. La UTA advirtió sobre el riesgo de pérdida de puestos de trabajo. Mientras tanto, miles de usuarios dependen diariamente de un sistema que enfrenta dificultades económicas y operativas.

El sistema de transporte público del área metropolitana de Salta atraviesa una situación que genera preocupación tanto entre los trabajadores como entre los usuarios. Los problemas financieros de las empresas operadoras, la reducción de unidades en circulación y los reclamos sindicales conforman un escenario que exige respuestas concretas de SAETA y del Gobierno provincial.

La incertidumbre alcanza especialmente a los choferes, quienes dependen de la continuidad de los servicios para mantener sus fuentes laborales.

Aunque las autoridades informaron sobre transferencias de fondos destinadas a regularizar compromisos con las empresas, persisten interrogantes sobre la situación financiera del sistema y las medidas que podrían adoptarse en los próximos meses.

La advertencia de la UTA: el empleo en riesgo

En septiembre de 2026, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Salta manifestó su preocupación por la reducción de frecuencias del transporte urbano.

Gerónimo Requena, secretario de Prensa del gremio, advirtió que algunas empresas habían comenzado a retirar unidades de circulación, lo que podría repercutir directamente en la cantidad de trabajadores necesarios para cubrir los servicios.

Según las declaraciones sindicales, en determinadas empresas se retiraron hasta dos unidades por turno, mientras algunos choferes pasaron a cubrir temporalmente las vacaciones de sus compañeros.

La situación planteó una inquietud concreta: ¿qué sucederá con esos trabajadores cuando finalicen los períodos de licencia y ya no existan servicios suficientes para asignarles?

El sindicato aclaró entonces que no se habían producido despidos como consecuencia directa de estas medidas. Sin embargo, expresó su preocupación por lo que podría ocurrir si la reducción de frecuencias se mantiene.

La diferencia es importante: el riesgo de despidos fue denunciado públicamente, pero no debe confundirse con la existencia de cesantías efectivamente comprobadas.

Reclamos salariales y millones de pesos en discusión

Los problemas laborales no comenzaron en septiembre.

Durante junio de 2026, la UTA reclamó diferencias salariales correspondientes a los primeros meses del año. Los montos denunciados rondaban entre $120.000 y $130.000 por trabajador, dependiendo de la antigüedad.

La deuda acumulada fue estimada entonces en aproximadamente $500 millones para el conjunto de los conductores involucrados.

Posteriormente se produjeron nuevas tensiones en el marco de las negociaciones salariales del sector.

Sin embargo, en septiembre la propia representación sindical señaló que los salarios y aportes se encontraban al día, por lo que no corresponde presentar aquellos $500 millones como una deuda actualmente impaga sin documentación que lo demuestre.

El conflicto puso de manifiesto la dependencia que existe entre el financiamiento del sistema, las obligaciones de las empresas y la estabilidad económica de las familias de los trabajadores.

Las empresas también denuncian dificultades financieras

En septiembre, siete empresas operadoras del sistema metropolitano plantearon públicamente atrasos en las transferencias que debían recibir de SAETA.

Entre las firmas mencionadas se encontraban Ahynarca, Ale Hermanos, El Cóndor, Alto Molino, Transal, Eduardo Ale y Transporte Automotor del Valle.

Según sus planteos, los atrasos comprometían la posibilidad de afrontar gastos indispensables para el funcionamiento cotidiano: combustibles, repuestos, mantenimiento de unidades y obligaciones laborales.

Frente a esas advertencias, el presidente de SAETA, Claudio Mohr, informó sobre una transferencia de aproximadamente $730 millones a las operadoras.

No obstante, la existencia de ese desembolso no demuestra por sí sola que todas las obligaciones pendientes hayan sido canceladas.

El interrogante principal sigue siendo cuánto dinero se adeuda, cuáles son los compromisos exigibles y qué mecanismos de control existen para verificar el destino de los fondos públicos.

Un problema que también alcanza a Campo Quijano y el Valle de Lerma

La situación del transporte metropolitano no puede analizarse únicamente desde la ciudad de Salta.

Los habitantes de Campo Quijano, La Silleta, Rosario de Lerma y otras localidades del Valle de Lerma dependen del servicio de colectivos para trasladarse a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos, centros de salud y dependencias públicas.

Una reducción de frecuencias puede representar una dificultad particularmente importante para quienes necesitan viajar temprano o regresar durante la noche.

En junio, la UTA ya había expresado preocupación por la suspensión de servicios nocturnos, una decisión que el sindicato atribuyó a las empresas y no a una medida gremial.

 
Salta y Argentina

Por eso, resulta necesario conocer si las reorganizaciones del sistema están afectando los corredores del Valle de Lerma y si existen garantías para mantener la conectividad de las localidades más alejadas.

La caída de pasajeros y el debate sobre las aplicaciones

Otro aspecto del conflicto es la competencia con las aplicaciones privadas de transporte.

En junio, Gerónimo Requena sostuvo que la expansión de estas plataformas estaba afectando al transporte público y cuestionó las condiciones en las que algunos conductores prestan servicios.

El dirigente también reconoció que existen choferes del sistema SAETA que trabajan en aplicaciones durante sus horas libres porque sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus necesidades económicas.

El dato expone una contradicción que merece atención: trabajadores del transporte público que necesitan recurrir a otra actividad para complementar sus salarios.

Sin embargo, atribuir toda la crisis a las aplicaciones sería una explicación insuficiente. También deben examinarse los costos de operación, la cantidad efectiva de pasajeros, los subsidios, los contratos y la administración de los recursos.

Los números que deben transparentarse

Reclamo salarial de junio  Transferencia informada en septiembre
$500 Millones  $730 millones
 Estimación histórica de deuda denunciada por UTA.  Fondos comunicados por SAETA para las operadoras
 Reducción de servicios  Situación laboral
 12%  En alerta
 Recorte acumulado denunciado por empresas en junio de 2026.  La UTA advirtió sobre posibles consecuencias para el empleo.
   

 Las cifras corresponden a diferentes momentos y declaraciones de 2026. No constituyen un balance financiero actualizado ni auditado.

 
¿Quién responde por el futuro de los trabajadores?

En este escenario, las responsabilidades deben examinarse en distintos niveles.

Las empresas operadoras deben cumplir sus obligaciones salariales, laborales y de prestación del servicio.

SAETA, como administradora del sistema, debe explicar cómo se financian las prestaciones, qué obligaciones mantiene con las empresas y qué controles realiza sobre los servicios contratados.

El Gobierno provincial, por su parte, debe informar qué recursos públicos destina al transporte metropolitano y cuáles son los mecanismos previstos para garantizar su sostenibilidad.

La UTA también tiene una responsabilidad esencial: representar los intereses de los trabajadores, controlar el cumplimiento de los acuerdos paritarios y comunicar con precisión cualquier modificación que afecte los puestos de trabajo.

Un conflicto que exige respuestas, no incertidumbre

Los trabajadores del transporte no pueden quedar atrapados indefinidamente entre las dificultades financieras de las empresas, las decisiones administrativas y las disputas por los recursos.

Tampoco los usuarios deberían soportar una reducción permanente de servicios sin información clara sobre sus causas y duración.

Hasta el momento, la documentación periodística consultada acredita reclamos salariales, pagos atrasados a empresas y reducción de servicios. No permite confirmar despidos masivos ni establecer que todas las deudas continúen vigentes al 2 de noviembre.

El problema de fondo sigue abierto: ¿cómo garantizar un transporte público financieramente sostenible sin trasladar el costo de la crisis a los trabajadores y a los pasajeros?

Desde Nahuel Producciones consideramos que la publicación de los contratos, las transferencias, los kilómetros efectivamente recorridos y la evolución de la dotación laboral permitiría conocer con mayor precisión la situación del sistema.

Porque detrás de cada colectivo que deja de circular no solamente existe un problema de frecuencias: también puede haber un trabajador cuya estabilidad laboral se encuentra comprometida y cientos de usuarios que necesitan llegar a destino.

Nahuel Producciones — Periodismo con información, investigación y compromiso con la comunidad.

Fuentes consultadas: Nuevo Diario de Salta (1/6/2026), Ámbito (junio de 2026), Radio Salta (5/6/2026), El Once TV (21/9/2026) y Aries (23/9/2026). Las declaraciones y cifras se atribuyen a sus respectivos emisores.

 
 
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