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SALTA: 44 trabajadores del Hospital de Güemes reclaman su designación y exponen años de promesas incumplidas

 El conflicto laboral en el Hospital Joaquín Castellanos vuelve a poner bajo la lupa la política sanitaria del Gobierno de Gustavo Sáenz. Trabajadores contratados desde antes y durante la pandemia reclaman estabilidad, mientras el Ministerio de Salud, conducido por Federico Mangione, enfrenta cuestionamientos por la demora en las designaciones.

NAHUEL PRODUCCIONES | SALTA | 29 de octubre de 2026

La situación de 44 trabajadores contratados del Hospital Dr. Joaquín Castellanos, de General Güemes, vuelve a generar preocupación en el ámbito de la salud pública provincial.

Los agentes anunciaron una movilización para este jueves 29 de octubre, en conjunto con trabajadores del Hospital San Bernardo de la capital salteña, con el propósito de exigir que se concrete su incorporación al régimen de designación temporaria.

El reclamo no es nuevo. Algunos trabajadores aseguran que prestan servicios desde 2016, mientras que otros fueron incorporados durante la emergencia sanitaria por COVID-19. A pesar del tiempo transcurrido, continúan bajo modalidades contractuales que consideran insuficientes para garantizar su estabilidad laboral.

La situación involucra a personal de Enfermería, Medicina, Laboratorio, Esterilización, Mantenimiento, Limpieza, Servicios Generales y Administración.

Un conflicto que se arrastra desde hace años

Los antecedentes periodísticos muestran que las protestas comenzaron mucho antes de la actual convocatoria.

En diciembre de 2022, trabajadores del mismo hospital realizaron manifestaciones y acampes para reclamar mejoras laborales y designaciones. En aquel momento, representantes del sector denunciaban remuneraciones reducidas y la ausencia de soluciones definitivas.

El 15 de junio de 2023, el Gobierno provincial anunció oficialmente un acuerdo para mejorar la situación contractual de 34 trabajadores, que se sumaban a otros 27 previamente regularizados.

La información fue difundida por la Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Salta, que destacó la implementación de contratos ministeriales con beneficios como vacaciones pagas y licencias por enfermedad y maternidad.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental: un contrato ministerial con mejores condiciones laborales no equivale necesariamente a una designación como personal temporario dentro de la administración pública.

El nuevo reclamo demuestra que el conflicto por la estabilidad continúa abierto, aunque todavía debe determinarse cuántos de los actuales 44 trabajadores integraban los grupos alcanzados por aquellos acuerdos.

Una circular y un compromiso que los trabajadores exigen cumplir

Los manifestantes invocan la Circular N.º 01/25 del Ministerio de Salud Pública, vinculada al régimen presupuestario provincial de 2025.

Según explicaron, el procedimiento conocido como cargo por cargo permitiría utilizar determinadas vacantes generadas por jubilaciones o fallecimientos para avanzar con las designaciones de personal contratado.

Los trabajadores sostienen que este mecanismo debería priorizar a quienes ya cumplen funciones dentro de los establecimientos sanitarios.

También afirman que el 12 de febrero de 2026 participaron de una reunión con el ministro Federico Mangione y el senador Enrique Cornejo, durante la cual se habría comprometido la asignación de cargos disponibles respetando la antigüedad.

Se trata de un compromiso relatado por los trabajadores cuya formalización administrativa todavía debe comprobarse.

El Gobierno anunció regularizaciones, pero persisten los reclamos

En agosto de 2026, el ministro Mangione anunció un plan destinado a regularizar progresivamente la situación de aproximadamente 605 a 610 trabajadores sanitarios contratados de la provincia.

Según la información difundida, el programa contemplaba incorporar mediante designaciones temporarias a cerca del 30 % antes de finalizar el año, mientras que el resto avanzaría durante 2027.

No obstante, los criterios concretos de selección, la distribución por hospitales y el número de designaciones efectivamente realizadas deben ser objeto de información pública.

La existencia de un anuncio general no permite concluir que los trabajadores del Hospital Joaquín Castellanos hayan recibido los cargos que reclaman.

El reclamo también alcanza al Hospital San Bernardo

El conflicto no se limita a General Güemes.

El 26 de octubre, trabajadores contratados del Hospital San Bernardo denunciaron una situación similar. Según declaraciones del delegado de ATSA Marcelo Xamena, difundidas por Aries, aproximadamente 205 agentes reclamaban una solución laboral.

El representante gremial también aseguró que algunos profesionales perciben alrededor de 300.000 pesos netos mensuales, después de afrontar determinadas obligaciones vinculadas con su modalidad de contratación.

Asimismo, denunció que durante 2025 se produjeron 67 bajas de cargos presupuestarios que, según sostuvo, no fueron aprovechadas para regularizar a los trabajadores contratados.

Estas afirmaciones requieren una respuesta documental del Ministerio de Salud y de las autoridades administrativas del hospital.

Las responsabilidades del Ministerio de Salud y de la gerencia

El reclamo presentado por los 44 trabajadores está dirigido al gerente del Hospital Joaquín Castellanos, Hugo Alberto Rivas, a quien solicitan una audiencia presencial.

La gerencia debe informar si existen vacantes, qué expedientes de designación fueron iniciados y cuáles fueron elevados a las autoridades provinciales.

Por su parte, el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de explicar cuáles son los mecanismos administrativos y presupuestarios vigentes para efectuar las incorporaciones.

También corresponde determinar si las demoras obedecen a restricciones presupuestarias, a falta de cargos disponibles, a trámites pendientes o a decisiones de las autoridades competentes.

La responsabilidad administrativa debe establecerse a partir de documentos y actuaciones concretas, no solamente de declaraciones políticas.

Las preguntas que el Gobierno provincial debería responder

Frente a este escenario, Nahuel Producciones considera necesario que el Ministerio de Salud informe públicamente:

  1. ¿Cuántos de los 44 trabajadores de General Güemes cuentan actualmente con expedientes de designación iniciados?

  2. ¿Cuántos cargos quedaron vacantes en el Hospital Joaquín Castellanos durante 2025 y 2026?

  3. ¿Se aplicó efectivamente el procedimiento de cobertura denominado cargo por cargo?

  4. ¿Qué medidas administrativas se adoptaron después de la reunión del 12 de febrero de 2026?

  5. ¿Cuántos trabajadores del hospital fueron incluidos en el programa provincial de regularización anunciado en agosto?

  6. ¿Existe un cronograma oficial, con criterios objetivos de antigüedad e idoneidad, para resolver las designaciones pendientes?

Una discusión que supera el conflicto salarial

La cuestión de fondo no se reduce al reclamo económico de un grupo de empleados.

También plantea un interrogante sobre la organización de los recursos humanos del sistema sanitario salteño.

Cuando una institución pública mantiene durante años a trabajadores contratados para desarrollar funciones habituales, corresponde examinar si esa modalidad responde a una necesidad verdaderamente transitoria o si está sustituyendo mecanismos regulares de incorporación de personal.

Al mismo tiempo, cualquier designación debe respetar la legislación vigente, las vacantes disponibles, los requisitos de idoneidad y las autorizaciones presupuestarias correspondientes.

La estabilidad laboral no debería depender de promesas verbales ni de la necesidad de organizar una protesta para obtener una respuesta administrativa.

El Gobierno provincial, encabezado por Gustavo Sáenz, tiene la oportunidad de transparentar el procedimiento y explicar con precisión qué solución ofrece a estos trabajadores.

Después de años de reclamos, los agentes del Hospital Joaquín Castellanos exigen algo concreto: conocer cuándo, cómo y bajo qué condiciones se resolverá su situación laboral.

Porque detrás de cada contrato pendiente hay trabajadores que sostienen servicios esenciales y ciudadanos que necesitan un sistema de salud con personal suficiente y condiciones laborales claras.

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