La Unidad de Delitos Económicos Complejos investiga presuntas irregularidades en designaciones vinculadas a la Unidad Educativa N.º 7160. La Fiscalía solicitó documentación el 20 de agosto, mientras que nuevas publicaciones periodísticas señalan que la denunciante amplió su presentación. Hasta el momento no se confirmaron públicamente imputaciones ni un perjuicio económico determinado.

La investigación judicial sobre la denominada «escuela fantasma» continúa generando interrogantes acerca de la administración de cargos docentes y recursos públicos en el Ministerio de Educación de Salta.

La causa se encuentra bajo la responsabilidad de la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que investiga la posible comisión de delitos en perjuicio de la administración pública relacionados con la Unidad Educativa N.º 7160.

El expediente se inició a partir de una denuncia radicada el 12 de agosto de 2026 ante la Fiscalía Penal de Cerrillos y posteriormente remitida a la UDEC.

La Fiscalía pidió explicaciones sobre la existencia y funcionamiento de la escuela

El 20 de agosto, la fiscal Salinas Odorisio requirió al Ministerio de Educación información destinada a esclarecer la situación administrativa de la Unidad Educativa N.º 7160.

El requerimiento comprendió documentación sobre su creación, existencia, funcionamiento actual y estructura administrativa.

Las medidas buscan determinar cómo fueron asignados los recursos públicos vinculados con esa unidad educativa y establecer si existieron conductas que pudieran configurar delitos contra la administración pública.

El Ministerio Público Fiscal confirmó oficialmente estas actuaciones mediante un comunicado publicado el 24 de septiembre.

Sin embargo, hasta el 21 de octubre no se encontró una comunicación oficial posterior que permita establecer si el Ministerio respondió íntegramente al requerimiento judicial.

La falta de esa confirmación pública no significa necesariamente que Educación haya incumplido con la entrega de documentación.

Denuncian más de 300 designaciones vinculadas a la unidad

La presentación judicial fue impulsada por la docente Celia Alankay, con el patrocinio del abogado Nicolás Vedia.

Según la denunciante, existiría una nómina de más de 300 personas vinculadas administrativamente con la Unidad Educativa N.º 7160, pese a que no habría una escuela en funcionamiento con matrícula y edificio propios.

Alankay cuestionó la legalidad de las designaciones y solicitó que se investigue dónde desempeñan efectivamente sus funciones las personas incluidas en los registros.

El caso también puso bajo discusión los mecanismos utilizados para asignar cargos docentes y administrativos dentro del sistema educativo provincial.

No obstante, la existencia de una nómina de personal vinculada a una unidad educativa sin edificio propio no constituye por sí sola una irregularidad penal.

La Justicia deberá establecer si las designaciones tuvieron respaldo administrativo válido, si los agentes cumplieron funciones y si las remuneraciones fueron correctamente liquidadas.

Una denuncia que habría sido ampliada

El 7 de octubre, el medio Opinorte publicó que Alankay había ratificado y ampliado su denuncia, incorporando nuevos elementos para la investigación.

La misma publicación sostuvo que, hasta esa fecha, el Ministerio de Educación no había entregado la documentación solicitada por la Fiscalía.

Se trata de información periodística que todavía no pudo ser corroborada mediante una nueva comunicación oficial del Ministerio Público Fiscal.

La situación vuelve particularmente relevante conocer si el requerimiento judicial fue respondido, si existen observaciones sobre la documentación recibida y qué diligencias se encuentran pendientes.

La ministra Cristina Fiore rechazó que se trate de una escuela fantasma

La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, sostuvo públicamente que la Unidad Educativa N.º 7160 forma parte de una estructura administrativa utilizada para registrar cargos de docentes que desempeñan tareas en otras dependencias.

En una entrevista publicada por El Tribuno, la funcionaria negó que las personas vinculadas con esa unidad deban ser consideradas trabajadores que cobran sin prestar servicios.

También aseguró que el Ministerio presentaría ante la Justicia los listados de personal, los actos de designación y las planillas de asistencia correspondientes.

Esta explicación constituye una posición oficial del Gobierno provincial, pero su consistencia deberá verificarse con documentación y elementos de prueba.

Nuevas publicaciones sobre presuntas liquidaciones salariales

Durante octubre surgieron versiones periodísticas referidas a posibles irregularidades adicionales.

El 18 de octubre, Salta Sur publicó una denuncia sobre una presunta doble liquidación salarial vinculada a un dirigente político que figuraría en registros de la Unidad Educativa 7160.

Hasta el momento, esa información no cuenta con una confirmación judicial pública que permita considerar acreditada una percepción indebida de haberes.

La investigación deberá distinguir entre personas efectivamente designadas, agentes que cumplen funciones en otras instituciones, situaciones de incompatibilidad administrativa y eventuales pagos sin contraprestación.

¿Hay imputados o responsables identificados judicialmente?

Hasta esta publicación, no se localizaron comunicaciones oficiales que confirmen imputaciones formales, detenciones o resoluciones judiciales que establezcan responsabilidades penales en la causa.

Tampoco se encuentra acreditado públicamente un monto definitivo de perjuicio económico.

Esto significa que, aunque existe una investigación penal abierta, todavía no corresponde presentar como culpables a funcionarios, docentes o empleados que aparecen mencionados en las denuncias o publicaciones periodísticas.

El establecimiento de responsabilidades dependerá de la documentación administrativa, los registros de asistencia, las liquidaciones salariales, las declaraciones testimoniales y las demás pruebas que incorpore la Fiscalía.

La Justicia tiene preguntas que responder

Han transcurrido más de dos meses desde el requerimiento formulado por la UDEC al Ministerio de Educación.

Por esa razón, resulta necesario conocer si la documentación fue presentada completamente, si existen nuevos requerimientos, si se recibieron ampliaciones de denuncia y qué avances pueden informarse sin comprometer la investigación.

También corresponde determinar cuáles fueron las autoridades responsables de autorizar las designaciones y bajo qué instrumentos administrativos se ejecutaron los pagos cuestionados.

La transparencia en la administración de los recursos públicos es una obligación institucional. Pero también lo es respetar las garantías de todas las personas involucradas en una investigación penal.

El caso de la Escuela 7160 plantea una pregunta que todavía no tiene respuesta pública definitiva: ¿existió una estructura administrativa legítima utilizada para distribuir personal educativo o se produjeron designaciones y pagos contrarios a la ley?

La respuesta deberá surgir de la investigación judicial, de los controles administrativos y de la documentación correspondiente.

Mientras tanto, la sociedad salteña tiene derecho a conocer qué se está investigando, qué información aportó el Ministerio de Educación y cuál fue el destino de los recursos públicos vinculados con esta unidad educativa.