Una denuncia presentada ante la Unidad de Delitos Económicos de Salta abrió interrogantes sobre la situación administrativa de la Escuela de Educación Especial N.º 7160, una unidad educativa que, según reconoció el propio Ministerio de Educación, actualmente no cuenta con alumnos matriculados.

La presentación fue impulsada por la docente Celia Alancay, con patrocinio del abogado Nicolás Vedia. Los denunciantes sostienen que una planilla oficial registra más de 300 cargos interinos asociados a esa institución y solicitan que se determine si esas designaciones tienen funciones reales, dónde se desempeñan sus titulares y cuáles son los instrumentos administrativos que respaldan cada caso.

El caso no puede presentarse aún como una irregularidad probada. La denuncia deberá ser analizada por la fiscalía competente, que tendrá que establecer si corresponde avanzar con una investigación y requerir la documentación necesaria al Ministerio de Educación.

La ministra Cristina Fiore rechazó públicamente que exista una “escuela fantasma” o cargos irregulares. Explicó que la institución existe formalmente por decreto y que, desde 2014, alrededor de 60 escuelas de la provincia quedaron sin matrícula o cerraron. Según su postura, los cargos disponibles no desaparecen: son reubicados para atender necesidades de otras instituciones del sistema educativo.

Sin embargo, la explicación oficial deja preguntas que requieren respuestas documentadas. Si los cargos de la Escuela 7160 fueron reabsorbidos y redistribuidos, debe poder conocerse qué agente fue asignado, en qué establecimiento presta funciones, qué tarea realiza, con qué horario y mediante qué resolución o disposición se formalizó su reubicación.

Ese es el centro del debate. No se trata solamente de verificar si el número de escuela existe en los papeles, sino de transparentar el recorrido completo de cada cargo y cada salario pagado con fondos públicos.

La actuación de Delitos Económicos deberá despejar si se trató de una herramienta administrativa regular para reasignar personal o si existieron designaciones sin función efectiva, pagos incompatibles o decisiones que pudieran comprometer recursos del Estado.

En una provincia donde numerosas escuelas afrontan problemas de infraestructura, falta de personal y necesidades pedagógicas urgentes, la transparencia no es un gesto político: es una obligación. La mejor respuesta no será la descalificación entre las partes, sino la publicación clara de las designaciones, sus destinos reales y la documentación que las respalda.