El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, expuso ante el Senado de la Nación una propuesta para modificar los criterios de distribución de recursos federales.

La iniciativa busca compensar las desigualdades estructurales entre provincias, pero todavía quedan interrogantes fundamentales: de dónde saldrá el dinero, cómo se distribuirá y si los beneficios llegarán efectivamente a los municipios del interior.

Una propuesta para discutir el federalismo argentino

El Gobierno de Salta llevó al Congreso Nacional una iniciativa que pretende abrir un nuevo debate sobre la distribución de los recursos públicos entre la Nación y las provincias.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, presentó el 20 de octubre, ante la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado, los lineamientos del denominado Régimen de Equidad Federal (REF).

La propuesta parte de una realidad conocida: las provincias argentinas no cuentan con las mismas condiciones económicas, productivas ni de infraestructura para desarrollarse.

Mientras algunas jurisdicciones concentran buena parte de la actividad industrial, la infraestructura estratégica y los principales centros de consumo, otras enfrentan dificultades históricas relacionadas con las distancias, la conectividad, la capacidad recaudatoria y la disponibilidad de servicios.

Frente a ese escenario, Salta plantea complementar el régimen de coparticipación vigente mediante criterios que contemplen esas desigualdades.

¿Qué cambiaría con el Régimen de Equidad Federal?

Actualmente, una parte importante de los impuestos nacionales se distribuye entre las provincias mediante porcentajes establecidos por la legislación vigente.

El REF propone incorporar una mirada adicional, basada en las condiciones estructurales de cada jurisdicción.

Entre los aspectos considerados aparecen las necesidades de infraestructura, las dificultades de conectividad, los niveles de desarrollo socioeconómico y la capacidad fiscal provincial.

El fundamento es que no todas las provincias parten de las mismas condiciones y que una distribución verdaderamente federal debería contemplar esas diferencias.

Sin embargo, hasta el momento no se conoce una fórmula definitiva que permita determinar cuánto dinero adicional recibiría Salta ni cuáles serían las consecuencias financieras para las demás provincias.

Tampoco se ha acreditado que exista una ley aprobada que establezca este mecanismo.

Por ahora se trata de una propuesta presentada para su discusión institucional.

La Constitución ya exige una distribución equitativa

El artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional establece que la distribución de recursos debe responder a criterios objetivos de reparto y realizarse de manera equitativa y solidaria.

También dispone que debe procurar un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

En ese sentido, el planteo salteño encuentra sustento en principios constitucionales vigentes.

Pero existe una diferencia fundamental entre reconocer esos principios y construir un mecanismo capaz de cumplirlos.

Para que el REF se convierta en una herramienta efectiva será necesario precisar su financiamiento, su fórmula de distribución, las condiciones legales de aplicación y los controles correspondientes.

Además, cualquier modificación al sistema de coparticipación deberá respetar los procedimientos constitucionales de acuerdo entre las jurisdicciones.

Salta reclama equidad a la Nación: ¿qué sucede con sus municipios?

Aquí aparece un interrogante que merece especial atención.

Si el Gobierno provincial sostiene que la distribución de recursos nacionales debe contemplar las desigualdades territoriales, resulta razonable preguntar cómo aplica ese mismo principio dentro de Salta.

Municipios como Campo Quijano, Rosario de Lerma y otras localidades del Valle de Lerma enfrentan necesidades de infraestructura, servicios públicos, conectividad y desarrollo productivo.

En particular, Campo Quijano presenta características territoriales que justifican un análisis diferenciado: el centro urbano, La Silleta, la Quebrada del Toro y numerosos parajes rurales tienen necesidades y costos de prestación de servicios que no necesariamente son equivalentes.

Por eso surge una pregunta que no debería quedar fuera del debate:

Si Salta consigue una distribución más equitativa de los fondos nacionales, ¿existirán mecanismos para garantizar que esos mayores recursos lleguen también a los municipios y a las comunidades más alejadas?

El reclamo provincial de equidad federal y la discusión sobre la distribución interna de recursos no son jurídicamente idénticos. Sin embargo, ambos plantean una cuestión común: cómo distribuir los fondos públicos de manera justa y verificable.

Una propuesta que deberá demostrar sus resultados

El Régimen de Equidad Federal abre una discusión necesaria sobre las diferencias de desarrollo entre las provincias argentinas.

Pero una iniciativa de estas características no puede evaluarse únicamente por sus objetivos.

También deben conocerse los números.

¿Cuánto dinero podría obtener Salta? ¿Qué recursos financiarían el nuevo esquema? ¿La distribución sería automática? ¿Existirían compromisos de inversión en infraestructura? ¿Cómo se controlaría el uso de los fondos?

Estas preguntas siguen siendo fundamentales para determinar si el REF puede transformarse en una política pública concreta o si permanecerá como una propuesta política sin aplicación efectiva.

El federalismo también debe llegar al interior del interior

La discusión sobre el Régimen de Equidad Federal ofrece una oportunidad para revisar las desigualdades que persisten en la Argentina.

Pero el federalismo no debería terminar en las capitales provinciales.

También debe expresarse en las localidades, los municipios, los parajes y las comunidades que reclaman obras, servicios y oportunidades de desarrollo.

Salta plantea que la Nación debe distribuir sus recursos con mayor equidad. El próximo desafío será demostrar cómo ese mismo principio puede traducirse en beneficios concretos para todos los salteños.

Porque una distribución federal verdaderamente equitativa no se mide solamente por cuánto dinero recibe una provincia, sino también por cómo esos recursos mejoran la vida de sus habitantes.

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Fuentes: Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta; presentación institucional del REF ante el Senado de la Nación; Constitución Nacional, artículo 75, inciso 2.