En el marco del Día del Niño por Nacer, legisladores nacionales, organizaciones civiles e instituciones religiosas se reunieron en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados para firmar el acta compromiso.

En una nueva señal de que el debate sobre el aborto volvió a instalarse en la agenda parlamentaria, un grupo de diputados nacionales firmó en las últimas horas un acta compromiso para trabajar por la derogación de la Ley 27.610, norma que regula en la Argentina el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. La actividad se realizó en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, en el marco de las conmemoraciones por el Día del Niño por Nacer.

Del encuentro participaron legisladores nacionales, organizaciones civiles e instituciones religiosas. Según lo informado, el documento fue firmado por Santiago Santurio, Rubén Torres, Gladys Humenuk, Mónica Becerra, Santiago Pauli, Andrea Fernanda Vera, Bárbara Andreussi, Miguel Rodríguez, Carlos Zapata, María Luisa González Estevarena, Jairo Guzmán y Gabriela Muñoz. El texto expresa la decisión política de promover iniciativas legislativas orientadas a dejar sin efecto la legislación vigente sobre aborto legal.

La firma del compromiso se dio además en un contexto de movilización pública. Este sábado 28 de marzo se desarrolló en Plaza Italia la 11ª Marcha por la Vida, convocada también en el marco de esa efeméride, una fecha que en la Argentina fue instituida oficialmente por el Decreto 1406/98, que estableció cada 25 de marzo como Día del Niño por Nacer.

Desde el punto de vista jurídico, el acta firmada por los diputados no modifica por sí misma el marco legal vigente. La Ley 27.610 continúa en plena vigencia y reconoce el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce inclusive, además de regular la atención postaborto y su implementación en el sistema de salud. Para que haya una derogación efectiva, debería prosperar un nuevo trámite legislativo en el Congreso nacional.

El episodio confirma que el aborto vuelve a convertirse en un eje de fuerte confrontación política, ideológica y cultural dentro del país. La firma de este compromiso reabre una discusión que parecía jurídicamente consolidada desde 2021, pero que ahora algunos sectores buscan reinstalar con fuerza en el Parlamento y en la calle.