La diputada Graciela Ocaña los denunció en la Justicia tras un informe del programa de Periodismo Para todos.

La diputada nacional Graciela Ocaña denunció en la Justicia a Luana Volnovich, titular del PAMI, y a Martín Rodríguez, su pareja y número dos el organismo por supuestos desvíos de fondos durante la pandemia a centros de jubilados ilegales que pertenecían a La Cámpora. El programa Periodismo Para Todos (PPT), conducido por Jorge Lanata, difundió un informe que muestra posibles irregularidades.

Rodríguez es dirigente camporista en Hurlingham, localidad a la que la obra social le habría girado dinero de manera llamativa. Esto fue revelado por el ciclo de El Trece. La legisladora de Juntos por el Cambio presentó una denuncia en la Justicia enfocada en esos movimientos.

Lo que se investiga es un desvío de entre $40 y $50 millones a presuntos centros de afiliados y actividades de ese municipio durante la pandemia de coronavirus.

Ocaña denunció un "giro de casi $20 millones para la constitución de dos centros de jubilados" que no existen, según informó PPT. Esto “se agrava no sólo por el hecho de que el PAMI le gire plata a un municipio, sino que, además, el dinero fue asignado antes de que los lugares fueran creados”, afirmó.

La denuncia señala quiénes serían los funcionarios responsables: Luana Volnovich, directora ejecutiva de PAMI; Jorge Martín Rodríguez Alberti, subdirector ejecutivo de este instituto; y Damián Gabriel Selci, intendente interino del Municipio de Hurlingham. Se los investiga "por la presunta comisión de los delitos de defraudación a la Administración Pública, peculado, asociación ilícita y falsedad ideológica".

Las autoridades de los centros de jubilados bajo sospecha son empleados de la localidad gobernada por Scelci o trabajan en el PAMI, por lo que funcionarios camporistas habrían ordenaron pagar fondos millonarios a centros de jubilados integrados por jóvenes de esa agrupación.

Ocaña dice que la documentación muestra cómo "La Cámpora usa a organismos públicos como 'cajas' para recaudación y contrataciones políticas".

La diputada sostuvo que ni el Centro de Jubilados y Pensionados “San Javier” ni el “Güemes” están en funcionamiento. En el caso del primero, de acuerdo al acta constitutiva y a la carta de cesión del inmueble por parte de la propietaria que “donaba” el lugar para el proyecto, aparece una dirección que no existe, pero se habrían enviado $6,5 millones. En el segundo, la dirección existe, pero dentro del lugar “no funciona nada que se asemeje a un centro de jubilados”.

La propietaria del lugar, llamada Marta, fue consultada por periodistas de PPT pero no contestó qué sucedió con el dinero destinado ($13 millones) al lugar.

El argumento del PAMI para hacer estas transferencias fue que debían ayudar a la entidad a implementar un relevamiento de los afiliados en Hurlingham ya que en ese distrito la única clínica que atendía a los jubilados con esa obra social.

Esto se habría instrumentado a través de la contratación de jóvenes a los que se identifica como "llamadores". Su función era comunicarse por teléfono con casa uno de los jubilados del municipio para orientarlos ante cualquier necesidad o duda.

Fuente: Clarín