La iniciativa de presentar un proyecto de ley para que el poder legislativo faculte a las provincias y nación  a tomar medidas restrictivas según ciertos criterios, suscitó diferentes lecturas, desde jurídicas hasta políticas. El abogado constitucionalista Ricardo Gómez Diez hizo ambas interpretaciones.

Desde lo jurídico, recordó que el procurador “dijo que  no estaban dadas las condiciones para saltear el congreso” y apoyó tal postura al referirse al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional “que dice que cuando en circunstancias extraordinarias e imprevisibles hicieren imposible el trámite normal de sanción de las leyes, el poder ejecutivo podrá dictar un decreto con rango de ley”.

Por lo que consideró que la iniciativa es acertada si contempla las diferentes realidades de “un país federal de extenso territorio”. Para que de este modo “las restricciones de derecho originadas durante la pandemia sean dispuestas por ley”. Aunque, fiel a su vocación asevero que lo ideal es que se consensúen las medidas de nación con las provincias que son “quienes ejecutan las decisiones”.

Por otro lado, repasó las injerencias de diferentes áreas, e indicó que la educación universitaria es de facultad nacional, no así el nivel primario y secundario, ni la salud. Aunque en este último punto hizo la salvedad que “en materia de salud, la competencia federal solo puede nacer cuando la amenaza excede al territorio provincial y se convierte en una cuestión interjurisdiccional”.

Respecto a la cara política, Gómez Diez afirmó que la iniciativa se debe a que el presidente “lo manda al Congreso porque tiene su poder político debilitado, quiere que el Congreso lo auxilie con un marco de ley”.