Movimientos sociales, dirigentes políticos y referentes de diversas organizaciones volvieron a exigir la libertad de Milagro Sala, líder de la agrupación Tupac Amaru, a pocos días de cumplirse cinco años de su detención.

La detención es considerada "arbitraria" y producto de una "persecución política, judicial y mediática" impulsada por el gobernador Gerardo Morales y los miembros del Superior Tribunal de Justicia provincial.
En una carta que fue replicada en las redes sociales, los firmantes denunciaron la "injusticia" del proceso judicial que afrontó la dirigente social a lo largo de estos años y recordaron la "persecución" ejercida contra Milagro Sala y miembros de su colectivo, que aun continúan detenidos en sus domicilios.
"La libertad de Milagro es urgente", expresaron en el texto funcionarios nacionales y provinciales, legisladores, referentes políticos, dirigentes sociales y sindicales, académicos, profesionales y personas comprometidas con los derechos humanos y la democracia.
Además de denunciar "la vulneración a los derechos humanos y civiles", exigieron el "justo" proceso y la libertad de Sala y de los integrantes de su organización, quienes -remarcaron- "fueron criminalizados" durante estos años "por su compromiso con el pueblo pobre".
Bajo el título "Por una democracia sin presas y presos políticos. Libertad a Milagro Sala. Cinco años de injusticia. Cinco años de arbitrariedad", los referentes sociales y políticos señalaron al gobernador Morales y a los jueces del Superior Tribunal de Justicia provincial como autores de una "persecución política, judicial y mediática".
Consideraron que las acciones de Morales tuvieron por objetivo "diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuestos participativos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño".
En esa línea, analizaron que el trabajo de las organizaciones sociales, expuso los "pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar y dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social".
"Milagro Sala está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora", enfatizaron.
A cinco años de la detención de Sala, "hay que reconocer que Gerardo Morales logró uno de sus objetivos: eliminó formas de organización colectivas reivindicativas de derechos de sectores humildes", opinaron.
Con todo, advirtieron que Morales "no logró quebrar moral y políticamente a Milagro" y aseguraron que "ella y la organización continúan de pie".
Recordaron que Sala fue acusada estos últimos años de varios delitos penales, como "asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y extorsión".
Sin embargo, dijeron, Sala "nunca conoció de qué se la acusaba", en alusión a la causa conocida como 'Pibes Villeros', que en su requerimiento de juicio no contiene indicación de fechas, ni de cómo fueron cometidos los delitos imputados.
"La falta de claridad y sorpresa constante sobre los hechos de la acusación contra Milagro (Sala) fue continua y no fue despejada en las instancias superiores de revisión", subrayaron y apuntaron que tampoco le fue permitido a la dirigente social "incorporar pruebas periciales, documentales y testimoniales de descargo".
El Tribunal Oral en su resolución del 27 de junio de 2018 rechazó la totalidad de la prueba pericial y documental ofrecida y admitió́ la declaración de solo 6 testigos sobre los 83 ofrecidos.
Durante el debate oral, la lideresa de la Tupac Amaru "fue excluida por más de 60 días, desde el 30 de agosto al 6 de noviembre de 2018" del juicio.

"La expulsión se dispuso por un hecho que ocurrió́ fuera del tribunal, en el marco de otra causa, y no puso en riesgo la continuidad del juicio", sostuvieron las organizaciones sociales en el documento.
El tribunal de juicio "negó categóricamente cualquier tipo de registro de las audiencias, lo que impidió dar a conocer extensamente su descargo y las irregularidades del proceso denunciadas", rememoraron.
"Exigimos las debidas garantías constitucionales que requiere todo proceso penal, y afirmamos nuestra vocación de promover y concretar una sociedad con pleno y efectivo acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales", finalizaron.